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Boletín de prensa 1º de abril de 2011
PRESOS TRABAJARÍAN MENOS HORAS PARA REDIMIR PENA
Proyecto baja de 8 a 6 horas el día de trabajo y mantiene permiso de 15 días fuera de la cárcel.
En medio del escándalo por trampas en las rebajas de penas logradas por algunos de los 'parapolíticos' con certificaciones del Inpec, el Gobierno pretende que los internos de las cárceles del país tengan que acreditar menos horas laboradas para redimir las condenas.
ELTIEMPO.COM conoció el proyecto de ley con el que el Ministerio del Interior y de Justicia quiere modernizar el régimen penitenciario. La propuesta les quitaría a los condenados por cargos más graves, entre ellos concierto para delinquir (el delito 'madre' de la 'parapolítica'), el beneficio de salida por 72 horas cada dos meses, que tuvieron procesados como Mauricio Pimiento y Miguel de la Espriella.
Pero también propone que los internos no tengan que trabajar 8 horas diarias para redimir medio día de condena, sino apenas seis. Precisamente, los certificados de trabajo y estudio han sido la vía usada por los 'parapolíticos' para acortar su estadía en prisión.
En uno de esos casos, como lo reveló ELTIEMPO.COM, hay evidencia de trampas que están siendo investigadas por la Fiscalía y la Procuraduría: en el expediente del ex senador Ciro Ramírez figuran al menos 27 coincidencias entre días en los que estuvo por fuera de La Picota (de permiso o en audiencias) y sin embargo le fueron acreditadas hasta 8 horas de trabajo diario.
El proyecto incluye otra gabela: de aquí en adelante no tendrían que trabajar las seis horas sino la mitad, porque el otro 50 por ciento se acreditará "conforme a la evaluación de los logros obtenidos".
Y hay más: el artículo 67 del proyecto establece que "si los detenidos o condenados logran estudiar por más de un (1) año un programa de educación formal o no formal, se les abonará un día de reclusión a cada día de estudio". Hoy, para redimir un día de condena deben estudiar dos.
El Código mantiene una figura poco usada, pero polémica: los permisos de hasta quince días seguidos, cada tres meses, a algunos presos para "afianzar la unidad familiar, procurar la readaptación social y la ocupación laboral".
Solo se aplicaría para quienes hayan cumplido el 50 por ciento de la pena, tengan buen comportamiento y no hayan sido condenados por delitos graves, como terrorismo, narcotráfico, homicidio y concierto para delinquir.
CORTE AGILIZA TRÁMITE PARA RESTITUIR TIERRAS ROBADAS POR LOS 'PARAS'
Tribunales de Justicia y Paz son competentes para invalidar escrituras de tierras despojadas.
La Corte Suprema de Justicia tomó este jueves una decisión clave para acelerar la restitución de tierras robadas por los paramilitares. La Sala Penal de ese tribunal ordenó desconocer los documentos legales que acreditaron la propiedad de fichas del ex 'para' Raúl Hazbún, alias 'Pedro Bonito', sobre las tierras de una víctima de las Auc en Urabá.
Pero en el mismo fallo les dijo a los magistrados de los Tribunales de Justicia y Paz (la primera instancia en esos procesos) que no tienen que esperar a que los casos lleguen a la Corte para invalidar los títulos de propiedad adquiridos con trampas.
Es un pronunciamiento clave porque destraba por lo menos 600 investigaciones que ya tiene adelantadas la Fiscalía y que esperaban un turno en la Corte Suprema.
Los magistrados ordenaron investigar a la Oficina de Instrumentos Públicos y al Notario de Carepa (Antioquia), porque le dio ropaje legal al despojo de las tierras de Hernando Cardona Higuita, un ganadero que fue asesinado por los paramilitares de Hazbún en 1997 y que, sin embargo, apareció firmando los papeles de compraventa dos años después. Con esa trampa, los 'paras' se robaron sus fincas Casa Mía, El Roble y Alto de los Almendros.
El fallo ordena también investigar al empresario Jaime de Jesús López Echeverri y a otros miembros de la sociedad Palmas y Ganado S. A. (Palmagán), que aparecen como compradores y beneficiarios de bienes despojados.
El caso de Hazbún estaba frenado porque un magistrado de Justicia y Paz de Medellín se negó a ordenar la cancelación de los títulos fraudulentos, argumentando que no tenía competencia.
La Fiscalía apeló la decisión y el proceso llegó entonces a la Corte Suprema, que ya en otro caso había invalidado los títulos de fichas de 'Jorge 40' (jefe del bloque Norte de las Auc) sobre decenas de predios en Magdalena que les fueron entregados por el Incora y el Incoder, en decisiones que hoy son investigadas por la Justicia.
En este mismo despacho de Medellín también está estancado el proceso de restitución de 12 de predios en Mutatá (Antioquia) despojados por Hazbún, y 14 en Tulapas, que se los apropió Freddy Rendón, alias 'el Alemán'.
El fallo tendría efecto en uno de los casos más emblemáticos en la entrega de predios al Fondo Nacional de Reparación de Acción Social. Se trata de Montecasino, la histórica mansión de los hermanos Castaño, en El Poblado, de Medellín, que lleva más de 20 años en proceso de extinción de dominio en la Fiscalía. El magistrado a cargo había argumentado falta de competencia para dictar las medidas cautelares y entregarla al Fondo de Reparación.
Proponen guardia para proteger a líderes de tierras
Crear una guardia nacional para proteger a los líderes campesinos amenazados por la restitución de tierras propuso ayer el Partido Liberal, durante el Diálogo Regional de Víctimas realizado en Puerto Boyacá (Boyacá). Ese cuerpo armado estaría integrado por los 18.000 soldados campesinos y operaría con el modelo de carabineros.
El director del liberalismo, Rafael Pardo, aclaró que dicha guardia "no implica armar civiles", sino crear una fuerza especial de la Policía para las zonas rurales".
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que la propuesta será evaluada y agregó que el Gobierno estructura el Sistema Integral de Protección de Personas, que reunirá todos los programas que ofrecen seguridad a los amenazados.
Piden vetar escopetas de fisto
El vocero del Partido Liberal en la Cámara, Guillermo Rivera, dijo que propondrá que en la ley de seguridad ciudadana, a la que le falta un debate en la plenaria de esa corporación, se prohíban las escopetas de fisto en las zonas rurales o que se expidan licencias para su uso, "tomando en cuenta los antecedentes penales y un examen psicológico", explicó el congresista.
MAGISTRADOS DE JUSTICIA Y PAZ PODRÁN ANULAR TÍTULOS DE TIERRAS
Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia.
En una sentencia que destrabaría la entrada al Fondo de Reparación para víctimas de decenas de predios en Colombia, el alto tribunal le otorgó a los magistrados de Justicia y Paz la facultad para que procedan a la cancelación de títulos fraudulentos.
Aunque la decisión tiene que ver con el caso de tres predios ubicados en Mutatá (Antioquia), la decisión afecta decenas de bienes que, por trámites, no han podido pasar a Acción Social.
El caso puntual se refiere a los predios Casa Mía, El Roble y Alto de los Almendros, fincas que fueron quitadas a sus dueños en el 2000 por hombres al mando del ex jefe paramilitar Raúl Hazbún, alias 'Pedro Bonito' y de las autodefensas del bloque bananero.
El dueño, Hernando Cardona Higuita, aparece firmando las escrituras de los predios dos años después de haber sido asesinado por el grupo armado. Por ello, la Comisión Nacional de Reparación llevó el tema a la justicia.
Ante esto, la Corte pide investigar a los funcionarios que pudieron haber participado del despojo y al ocupante de estas fincas.
En total, hay 12 procesos en la zona que están relacionados con Hazbún y las autodefensas del bloque bananero.
Otros 14 procesos, que tienen que ver con tierras que fueron despojadas por el bloque Élmer Cárdenas, también podrían agilizarse.
ESCALOFRÍO
Ricardo Silva Romero
Ya que la idea es dar ejemplo, empecemos por pedirle respeto a la Procuraduría por las libertades que garantiza la ley.
Sólo Dios está en todas partes. Pero el procurador Ordóñez pretende algo parecido. Considera que "Colombia va por un despeñadero moral", que "perdió totalmente el temor a la justicia y el respeto a la vida". Y para sentar ejemplo, como imponiéndose a sí mismo la tarea de regenerarnos, se ve obligado a aparecérsenos día y noche en los más recónditos rincones de los medios. Ahí está. Saca del ruedo público al secretario uribista Bernardo Moreno por el caso de las interceptaciones ilegales; investiga al senador de izquierda Iván Moreno por el escándalo de la contratación en Bogotá; advierte al Ejército, tras el asesinato de los niños de Tame, que esta vez él es "la máxima autoridad": impone la ley a diestra y siniestra y en vivo y en directo.
Y si alguien le pregunta por qué estamos como estamos, por qué hemos llegado a semejantes grados de corrupción y de violencia, responde sin pestañear que el país perdió el temor a la ley porque perdió el temor de Dios.
Ahí está. A veces, cuando lee nuestras leyes con las gafas de su moral, el procurador Ordóñez se asemeja a aquel monseñor Builes que en días de la violencia partidista llamaba pecadores a los lectores de EL TIEMPO porque "el liberalismo es esencialmente malo". Ordóñez cree que de nada sirve su labor pacificadora en el ministerio público si no viene acompañada de una pedagogía de los valores. Habla del "deterioro del tejido social". Y va por el mundo dando ejemplos osados de nuestra supuesta decadencia: "Se busca desnaturalizar a la familia permitiendo la adopción de parejas del mismo sexo"; "ni el porte ni el consumo de drogas son asuntos propios de la vida íntima de las personas"; "una sociedad que justifica el aborto puede justificar cualquier otro delito".
No está solo en su cruzada por las "buenas costumbres": los sospechosos de siempre, del Partido Conservador a la Iglesia Católica, van a su lado como una anacrónica marcha de guerra que da pasos atrás.
Un, dos, un, dos. Viene, a su derecha, la jurista Ilva Myriam Hoyos: parece empeñada en revivir, como procuradora delegada para los asuntos de la familia, ciertos casos que perdió en su carrera de litigante de firmes convicciones católicas. Todo indica que aún padece el "fallo injusto" de la Corte Constitucional -eso escribió en Semana en el 2006: "un fallo injusto"- que permite el aborto en tres casos de vida o muerte. Todo sugiere que se le reaparecen los retratos de aquella "última cena", que también denunció hace cinco años, cada vez que ve las fotografías de Mauricio Vélez que convirtieron la nueva edición de SoHo en una denuncia de los inocultables abusos clericales que han llevado al propio Benedicto XVI a pedirles perdón a miles de niños traumatizados.
Pero el aborto terapéutico no es un delito y quien vea pornografía infantil en las fotos de Vélez está viendo otras fotos. Y, ya que la idea es dar ejemplo, empecemos por pedirle respeto a la Procuraduría por las libertades que garantiza la ley.
Creo en un Dios que se pone en los zapatos de todos. Creo en un Dios que no se cree Dios. No se queja de los tiempos que corren. No agradece fanatismos ni censuras en su nombre. No guarda en un cajón un molde de familia. No entiende de preferencias sexuales ni de intolerancias. Tiene claro que para nadie es un placer abortar. Ha visto nuestra religiosidad sin compasión pasar, de rezo en rezo, como otro escalofrío que habrá de terminarse. Ha sido testigo de la alianza histórica entre ciertos curas y ciertos políticos para preservar, a punta de impartir temor de Dios, las desigualdades que engendran nuestros peores males: la corrupción, el hambre, la violencia. Sabe que el día que no nos sirva más de excusa daremos, por fin, el paso al frente.
EL ESPECTADOR
TATEQUIETO
Por: Catalina Ruiz-Navarro
El lunes muy amablemente la Defensoría Militar recomendó a los medios de comunicación no decir cosas feas del ejército "so pena de ser víctimas de atentados como consecuencia de dichos pronunciamientos".
Este lapsus calami, (¿acaso un gazapo freudiano?) fue corregido el martes y hoy el comunicado dice: “Nos solidarizamos con el dolor de la familia de la Dra. Gaona y esperamos que muy pronto se pueda esclarecer este infortunado suceso, pero solicitamos a los medios de comunicación mesura en la información, pues nuestros Profesionales del Derecho son quienes pueden ser víctimas de atentados como consecuencia de dichos pronunciamientos.”
La corrección, aunque ya no parece escrita por Vito Corleone, mantiene su tono inquietante. La Defensoría Militar le pide autocensura a los medios, claro, porque en este país matan gente, pero, ¿no es esa justamente la mejor razón para exigirle al periodismo ser más incisivo?
No se ha acabado la semana y ya puede avistarse otra delicada forma de censura para los medios de comunicación. Hace unos días fue radicada en el congreso la ley de inteligencia y contrainteligencia que entre sus puntos (el artículo 35) propone “una reforma a los delitos de divulgación y empleo de documentos reservados y acceso abusivo a un sistema informático” lo que implica que todo funcionario que filtre un documento irá a prisión de 5 a 8 años, tendrá que pagar una multa de 20 a 120 salarios mínimos y estará inhabilitado para ejercer funciones públicas por 10 años.
Al respecto el presidente Santos dijo “Ahora como es costumbre filtrar todo, y los medios de comunicación publican todo. A eso hay que ponerle también cierto ‘tatequieto’, porque mucha de esa información le da una información a los bandidos, a los terroristas, a los enemigos, valiosísima, para protegerse de cualquier acción”.
Ambas declaraciones (la de Demil y la de Santos) se fundan en la misma premisa: no toda información debe ser difundida por los medios. Pero, quien decide cuál información debe divulgarse y cuál no? ¿El presidente? ¿La Defensoría Militar?
El derecho a la información es el derecho a recoger o reunir información, transmitirla y comunicarla; publicar, divulgar y emitir noticias, así como el derecho irrestricto a recibir noticias y opiniones por cualquier medio de información. Si los funcionarios son sancionados tan severamente por divulgar confidencias esto restringe el derecho a la información de los medios. Estas filtraciones, aun cuando sean nocivas para los intereses del Estado, pueden ser de gran interés para los colombianos. Fue gracias a ellas que nos enteramos de las chuzadas del DAS, del desfalco de Agro Ingreso Seguro, y es difícil prever los desatinos que están por venir, de los que no nos enteraremos, si esta ley entra en vigencia.
La ley de inteligencia y contrainteligencia es una elegante forma que tiene el Estado para blindarse, una censura diluida en un sofisticado aparato legal. Albert Camus decía que la prensa libre puede ser buena o mala, pero con reprensión solo puede ser mala. A eso podemos añadir que la única forma válida de censura es el derecho que tiene la gente a no querer oír, un derecho que le encanta a los colombianos. La amnesia nacional es una de muchas estrategias para acallar la información, y no atenta contra libertad de prensa. Otra posibilidad legítima sería que el Estado fuera más eficiente con el cuidado de sus secretos. En vez de eso, se propone una ley a la que llaman tatequieto, pero que en realidad es una refinada forma de censura, una carcajada de coctel donde la broma son los derechos de los medios.
LA SEGURIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA
Por: Yesid Reyes Alvarado
La rama judicial está, una vez más, de luto. El asesinato de Gloria Constanza Gaona, al parecer por decisiones tomadas en desarrollo de su trabajo como Juez de la República, es sólo una muestra más de las inmensas presiones a las que continuamente son sometidos quienes en Colombia tienen que ver con la administración de justicia.
No tengo ninguna duda en cuanto a la necesidad de que el Estado ponga empeño en combatir las bandas criminales, los secuestros, los delitos contra los menores de edad, los desmanes de los conductores borrachos o de quienes disparan al aire. Pero todo lo que legislativamente se haga para enfrentar esos problemas carecerá de sentido si antes no se garantiza el funcionamiento de la judicatura; y uno de los principales inconvenientes que ésta enfrenta, tiene que ver con las amenazas o atentados de que son víctimas magistrados, jueces, fiscales y funcionarios de policía judicial, quienes sometidos a estas presiones no tienen ni la tranquilidad ni la libertad necesarias para cumplir con su quehacer. Si la administración de justicia encuentra estas trabas, todos los esfuerzos que se hagan para combatir otras manifestaciones delictivas difícilmente serán exitosos.
Por eso resulta absolutamente indispensable brindar a todos quienes forman parte del engranaje de la administración de justicia, garantías suficientes para que puedan cumplir con sus deberes sin el permanente agobio de ver en peligro su integridad personal y la de sus seres queridos. Una parte de esa tarea debe ser eminentemente preventiva, centrada en la identificación de los funcionarios que estén en riesgo o puedan llegar a estarlo como consecuencia de su cargo, bien sea para brindarles protección a través de esquemas de seguridad adecuados, o bien para que las investigaciones de donde emerjan tales intimidaciones sean reasignadas a personas que estén menos expuestas a esas contingencias.
Otro aspecto en el que debería hacerse énfasis es el del castigo ejemplar a quienes intimiden o atenten contra magistrados, jueces, fiscales, funcionarios de policía judicial, testigos o sus familiares. En una época en la que proliferan reformas de poca monta a la legislación penal, valdría la pena ajustar algunas de sus normas para sancionar puntual y estrictamente a quien realice esta clase de conductas.
Pero se debe ir aún más lejos, porque lo que realmente tiene capacidad de intimidación no es la amenaza de penas abultadas, sino la certeza sobre su imposición. El Estado debe designar grupos especiales de investigadores, fiscales y jueces dedicados de manera exclusiva o prioritaria a la persecución de estos crímenes, en forma tal que ellos puedan ser esclarecidos en el menor tiempo posible, garantizando que sus autores serán aprehendidos y sancionados con severidad. La adecuada protección de quienes tienen el encargo de impartir justicia, aunada a una rápida y contundente reacción institucional frente a los que atenten contra ellos, no sólo les permitirá ejercer sus labores de manera más eficiente, sino que además podría persuadir a más personas de la importancia de colaborar con las autoridades.
¿POR QUÉ TOLERAMOS LO MALO?
Por: Juan Carlos Botero
El problema de colombia es que tiene invertido el tema de la tolerancia.
En vez de ser tolerantes con lo bueno e intolerantes con lo malo, con frecuencia toleramos lo malo y somos intolerantes con lo bueno. Esto no es un juego de palabras. Es una trágica realidad que explica nuestra docilidad nacional, así como miles de asesinatos que ocurren cada año en el país.
Me explico. A menudo en Colombia somos intolerantes con la vida del prójimo, con la opinión ajena o contraria, con la diversidad de ideas, con los derechos humanos, con la acción de la justicia y los principios de la civilización. En una palabra: con lo bueno. En cambio, somos demasiado pasivos y tolerantes con la corrupción, con la pobreza, con la violencia, con la incompetencia de nuestros líderes, con los excesos del poder y los abusos de los grupos de presión. En una palabra: con lo malo.
Hemos escuchado las alabanzas a la democracia colombiana. Tenemos una larga tradición republicana, y nuestra democracia es la más estable del continente. Y es cierto. Pero también lo es que somos malos practicantes de la democracia, precisamente porque tenemos invertido el tema de la tolerancia.
Por qué somos así es una pregunta para los historiadores, y la respuesta seguro alude a la poca práctica del pueblo colombiano en moldear su propio destino. Durante décadas el rumbo del país estuvo en manos de una poderosa minoría que acudía al pueblo para legitimar, mediante las elecciones, las decisiones que ésta tomaba en privado. Los militares, la Iglesia, la clase dirigente (los dueños de la tierra, de la industria, de la banca, de los medios de comunicación, etc.) decidían y luego, en las elecciones, esas decisiones eran sancionadas con el voto popular. Esto impidió que la gente se fogueara como ciudadanos, como demócratas, respetando la vida y las ideas de los demás, y rechazando a sus líderes cuando éstos revelaban su corrupción o ineptitud.
Para que funcione bien toda democracia necesita un Estado de derecho, instituciones y demócratas. Es decir, una ciudadanía activa y comprometida, no sólo participativa a la hora de votar sino también a diario, dispuesta a luchar por sus derechos, vigilar a sus gobernantes y pasarles la cuenta al final de su mandato. Una ciudadanía exigente.
Un buen ejemplo es Samuel Moreno, quien destruyó Bogotá. La población debió de impedir, hace rato, la continuidad de su alcaldía, saturada con la corrupción, la falta de planeación y las malas decisiones que tienen a la ciudad al borde del abismo. Nuestra pasividad nos ha salido carísima.
Pero no sólo Bogotá. Mientras que Medellín marca un claro contraste, ¿cuántas ciudades en el país no han sido destruidas por malos alcaldes? Éstos acabaron con Cali, saquearon Barranquilla muchas veces (de ahí el mérito de Alex Char), y en Cartagena terminaron en la cárcel. Aun así, ¿cuántos malos alcaldes han sido derrocados por la población? Ninguno. Es hora de entender que la suerte de nuestra vida, de nuestras ciudades y de nuestro país en general no dependen del azar, sino de nosotros. De lo que hacemos o dejamos de hacer como ciudadanos. Y más vale que invirtamos nuestro sentido de la tolerancia, porque estamos rechazando lo más valioso y aceptando lo más infame. Entre otras cosas, esta alcaldía de Bogotá.
LA EMERGENCIA EN EMERGENCIA
Por: Andrés Escobar
No es exagerado afirmar que la atención de la emergencia causada por las lluvias está en emergencia.
La decisión de la Corte Constitucional de considerar inexequible la declaratoria de estado de excepción hecha por el Gobierno Nacional el 7 de enero pasado es de la mayor gravedad. Se quedó sin piso legal la posibilidad de ayudar en múltiples frentes a las víctimas, por lo menos con la oportunidad que esta situación requiere. Por el momento dejó de ser posible, para las zonas afectadas, agilizar la expedición de licencias de construcción o interrumpir el cobro de servicios públicos a quienes perdieron sus viviendas. Peor aún, la adición presupuestal de $5,7 billones se esfumó, así que el Gobierno dejó de tener permiso legal para gastar en una serie de frentes de atención que la emergencia requiere.
Tiene razón la Corte Constitucional cuando afirma que existen otras vías para subsanar la inexequibilidad de la declaratoria del estado de excepción, como ir al Congreso por una adición presupuestal de $5,7 billones. No hay que olvidar que este es un año electoral y el Congreso aspirará a que la adición incluya algunas partidas adicionales. Por lo tanto, sacarla adelante tomará como mínimo, siendo razonables, dos meses…
Al declarar el estado de excepción, el Gobierno tuvo la precaución de invitar a los organismos de control a que acompañaran el proceso y ayudaran a blindarlo de potenciales tropiezos. Debieron haber invitado también a la Corte Constitucional, que dijo que la declaratoria de inexequibilidad obedece a que el Gobierno no justificó correctamente por qué en enero se necesitaban 21 días adicionales a los 30 decretados en diciembre pasado. Parece no haber sido suficiente que el Decreto 020 del 7 de enero tuviera cuatro páginas tamaño oficio con un largo listado de justificaciones (las tres restantes eran de firmas).
Concuerdo con la Corte en que la fusión de las CAR no es un tema directamente ligado con la emergencia y que por lo tanto se debía caer. Pero los recursos para atender a los afectados son vitales. Hoy. Ya. Ojalá la Corte acceda a modular su fallo.
¿DAMNIFICADO DE LA CORTE?
Por: María Teresa Ronderos
Cualquier desprevenido pensaría que tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar injustificada su segunda declaratoria de emergencia por los estragos del invierno, el gobierno Santos se convirtió en el último de los damnificados. ¡Qué falta de corazón la de los magistrados no sentir la tragedia de la gente!, pensaría.
Visto más de cerca, sin embargo, el episodio deja otra conclusión. La Corte Constitucional dijo, en síntesis, que bastaba una declaratoria de emergencia, la que ya había hecho Santos en diciembre, para conjurar los estragos de las excepcionales lluvias, y que no veía justificación legal válida para decretar una segunda emergencia.
Nadie duda de que hay cuestiones urgentes. Como darle suficiente dinero al Fondo de Calamidades para auxiliar a los damnificados y permitirle agilizar la contratación, sin la pesadilla de las licitaciones públicas, pero a la vez, darle a la Contraloría mayor poder de vigilar el dinero. O financiar la entidad creada para reconstruir lo que la lluvia se llevó. O exonerar a los pobres de pagar los servicios públicos que no están recibiendo y evitar que avivatos especulen con los precios de las casas, aprovechándose de la necesidad de la gente.
¿Por qué no incluyeron estos decretos en la primera emergencia? Desde noviembre los noticieros regionales estaban hablando de miles de colombianos inundados, sin casa, sin comida, pero el gobierno Santos, al parecer, se enteró tarde, y de ahí tuvo que apelar a la segunda emergencia.
Se podría alegar que es más fácil criticar hoy, después de que ya sabemos con certeza la magnitud de la calamidad. Pero aún así, los nuevos decretos se han podido sacar sin una nueva emergencia, sino bajo el amparo de la anterior.
¿Por qué entonces la nueva declaración? Sospecho que querían cobijar medidas que no tenían mucho que ver con la catástrofe invernal. Por ejemplo, la de reforestar áreas que permanentemente se derrumban o expropiar zonas ribereñas, ninguna de carácter inmediato.
Tampoco se le apacigua la angustia a ningún damnificado, ni se le hace casa a ningún destechado con la reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales, otra medida cuyo piso era la emergencia. El Gobierno busca que recuperen su misión original de velar por el desarrollo sustentable, que les había valido, como a la CVC del Valle, un reconocimiento mundial por su enorme tarea ambiental, pues hoy están carcomidas por la polilla de la para-política en medio país.
Apelar al pretexto del invierno para hacer estas reformas agrícolas y ambientales era caminar por una cuerda muy floja. Pero, a sabiendas, se jugó la carta, calculando que tenía mejor chance de pasar el examen de la Corte que por el Congreso. A la primera le quedaría difícil darse la pela de tumbar auxilios para los damnificados. Y en cambio, conociendo el canibalismo clientelista de sus hermanos de la coalición oficialista, los congresistas podían dejar sus ánimos reformistas en meros huesos. La Corte, sin embargo, detectó el embuchado y tumbó la segunda emergencia.
Los decretos, los apremiantes y los que no lo son, dice ahora el Gobierno que los incluirá en su Proyecto de Plan de Desarrollo, que sólo le quedan dos debates para ser ley. La adición presupuestal de 5,5 billones de pesos tendrá que pasar por el cedazo legislativo del CVY (como voy yo), y quién sabe eso cómo quede.
Pero de esto también es culpable el gobierno Santos, pues ha planteado sus relaciones con el Congreso en los mismos viejos términos de la repartija burocrática y la contratitis, y mientras eso no cambie, sus anuncios de reformas profundas seguirán oscilando entre las buenas intenciones y la ingenuidad.
EL NUEVO SIGLO
HOSPITALES SE DECLARAN EN CUIDADOS INTENSIVOS
Hay $40.000 millones retenidos por las EPS.
EN UN pronunciamiento oficial, los gerentes de los hospitales de la Red Pública del Distrito reiteraron las críticas formuladas por la Secretaría Distrital de Salud sobre el Reforma a la Salud y los riesgos que corren los hospitales públicos frente a flujo de los recursos en el Régimen Subsidiado de Salud.
Voceros de estos centros hospitalarios hicieron un llamado al Ministerio de la Protección Social para que sea coherente entre los pronunciamientos, como el registrado en la revista Semana a finales mes noviembre de 2010 en plena discusión de la Reforma, en el cual el Ministro asegura que “se propone que el dinero por los servicios que presten las IPS – clínicas y hospitales lleguen directamente a estas entidades, sin pasar por el peaje de las administraciones municipales y las EPS-S” y la reglamentación para la reforma, como el caso del proyecto de Decreto del 28 de marzo de 2011, que quedará en firme a partir de hoy.
Es evidente que los hospitales públicos requieren para la atención de los ciudadanos un flujo de recursos que permita cumplir, no solo con los parámetros de calidad establecidos, sino con los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Es así como se reitera en la reforma la importancia de evaluar a los hospitales a través de equilibrio financiero y no de indicadores de rentabilidad social.
Sin embargo, la red pública de hospitales de Bogotá, con corte a noviembre de 2010 y según la información reportada por las EPS-S, tenía una cartera total con las mismas de 77.143 millones de pesos, concentrada en los hospitales de II y III Nivel de atención por facturación de eventos y manejo de glosas.
Pese a que máximo el día 20 de cada mes la entidad territorial gira las UPCS a las EPS-S, en muchos casos estas no giran con la misma oportunidad a las IPS después de recibidos los recursos, justificando la demora en los procesos de auditoría y conciliación de glosas, para los cuales es necesario hacer cita con el auditor de la EPSS, citas que en muchas ocasiones se restringen a dos horas al mes para conciliar las glosas y aprobar el pago o son aplazadas por las mismas EPS-S.
Debido a lo anterior, la Secretaria de Salud realiza giros directos a los prestadores. Es así como realizó el giro pago bimestre anticipado del período febrero-marzo por la suma total de 68.020 millones de pesos de los cuales 28.000 millones de pesos por giro directo a los hospitales y el resto, es decir 40.000 millones de pesos a las EPS, recursos que no han llegado a los prestadores.
Lo anterior demuestra que la prueba piloto que señala el proyecto de decreto ya se realizó en Bogotá de manera exitosa para los prestadores y se corrobora la necesidad de contar con un mecanismo expedito para garantizar un giro oportuno de los recursos, no solo a los capitados sino también a prestadores de II y III nivel que es donde se concentra la mayor parte de la cartera, y garantizar así un adecuado flujo de caja a los prestadores, eliminando el paso innecesario de estos recursos a las EPS-S y facilitándoles a estas últimas el giro de recursos a la red, lo que a su vez les permite concentrarse en el desarrollo de su función de administrar el riesgo de sus afiliados en la eventualidad de la ocurrencia de un siniestro o contingencia por enfermedad común, maternidad o incapacidad, coordinar y articular la red de servicios garantizando la calidad en la prestación del servicio, etc.
En el escenario en que no se haga el giro directo por parte de la Secretaria, hoy los hospitales no tendrían el flujo de recursos para cumplir con los compromisos lo que aseguraría la defunción para estas entidades, agravado en el hecho de que la eliminación de los contratos de aseguramiento, impide la vigilancia y control de los recursos por parte de la entidad territorial, así como la posibilidad de imponer sanciones en los casos que lo ameriten
CARACOL RADIO
VÍCTIMAS DEBEN DEMOSTRAR PERJUICIOS PARA QUE PUEDAN SER INDEMNIZADOS: CONSEJO DE ESTADO
Al resolver un incidente de reparación el Consejo de Estado señalo que la Nación no está obligada a indemnizar a todas las víctimas de ataques provenientes de grupos ilegales, si no se aportan las pruebas necesarias para demostrar los daños causados por fallas atribuibles a organismos del Estado.
Así lo determinó el Consejo de Estado, al absolver a la Policía Nacional de responsabilidad en los supuestos daños que causó a la población un hostigamiento del frente 50 de las Farc, a la estación de la Fuerza Pública en el corregimiento “La Bella”, del municipio de Calarcá (Quindío), el 18 de noviembre de 1997.
El alto tribunal determinó que en este caso no se demostró ni la omisión ni la falla en el servicio por parte de los agentes del Estado, que estaban defendiendo la estación de Policía atacada por las Farc.
“No se pudo comprobar en la demanda que existiera una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, ni se estableció que el presunto daño se produjo como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada”, precisa la decisión.
Indica el Consejo de Estado que las pruebas aportadas en el proceso no permiten establecer que los daños que los demandantes afirman les fueron causados como consecuencia de la incursión armada, tuvieron real existencia.
“En el presente caso la parte actora no satisfizo la exigencia de allegar los elementos demostrativos suficientes para tener por acreditada la ocurrencia de los daños cuya indemnización pretende las aseveraciones contenidas en la demanda no pasan del terreno de las simples afirmaciones, carentes de todo respaldo acreditativo”, concluye la sentencia.
CORTE CONSTITUCIONAL SE REÚNE EN SALA EXTRAORDINARIA PARA ESTUDIAR LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS DE LA ANULADA EMERGENCIA SOCIAL
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudia si modula o difiere los efectos de la segunda emergencia social, económica y ecológica que fue declarada inexequible por este alto tribunal por considerar que no se justificó la continuación de normas para asistir a más de dos millones de damnificados por la pasada ola invernal.
Este viernes los nueve magistrados analizarán cada uno de los 12 decretos reglamentarios, los cuales serán anulados, pero cuyos efectos podrían seguir durante un límite de tiempo si la Corte modula la sentencia como lo pidió el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Dentro de los decretos que serán estudiados están los subsidios de energía y gas para damnificados, beneficios tributarios, la reforma de las corporaciones autónomas regionales y la adición presupuestal para el fondo de calamidades.
En las últimas horas la Corte se refrío a los 12 decretos y señaló que muchos de ellos eran la continuación de varios aprobados de la primera emergencia y los otros pueden ser tramitados "rápidamente con mensaje de urgencia por vía ordinaria ante el Congreso".